Felipe de Edimburgo se llevó a la tumba un llamativo secreto: su testamento. La última voluntad del marido de Isabel II permanecerá sellada durante 90 años. Es lo que dictaminó hace un año un juez del Tribunal Supremo de Londres y es lo que acaba de ratificar el también británico Tribunal de Apelación ante un recurso presentado por el periódico The Guardian. El litigio enfrentaba la protección de la libertad de prensa contra el derecho a la intimidad de la reina. Al final se ha optado por proteger esta última, en un fallo que trasciende el caso concreto de Felipe de Edimburgo. Desde 1911, la familia real británica ha conseguido esquivar la ley de Reino Unido, que exige que los testamentos de los ciudadanos británicos sean públicos. Durante este tiempo, los Windsor han solicitado mantener en secreto 33 testamentos y se han repartido de espaldas al público activos por valor de al menos 187 millones de libras (unos 223 millones de euros) actualizados a precios de hoy, calcula The Guardian. El poder judicial nunca ha rechazado una de estas peticiones.
El año pasado, tras la muerte del duque de Edimburgo, el periódico inglés solicitó poder acceder al testamento. Entonces argumentó que excluir a los medios de la lectura de este documento socavaba el principio fundamental de justicia abierta, que exige el acceso del público a los procedimientos judiciales. Por su parte, el juez sir Andrew McFarlane, presidente de la división de familia del alto tribunal, reconoció entender “la curiosidad” por conocer la última voluntad de un miembro tan destacado de la familia real. Pero argumentó que no tenía “interés público” y que los medios solo persiguen su publicación por un “interés comercial”. Para McFarlane, de hecho, resultaba necesario “mejorar la protección que se le da a ciertos aspectos realmente privados de este grupo concreto de personas”.
El viernes pasado, los tres jueces del Tribunal de Apelación han optado por respaldar la tesis del jurista y han dictaminado que los medios de comunicación no tienen derecho a asistir a la audiencia, ni a ser notificados sobre ella, añadiendo que la publicidad “habría comprometido la necesidad de preservar la dignidad de la reina y la intimidad de su familia”.
Este enfrentamiento judicial tiene como origen un lío de faldas y joyas acaecido hace más de 100 años. La práctica de sellar los testamentos reales comenzó entonces, en 1911, con la muerte del príncipe Francisco de Teck. Este conocido mujeriego legó en su testamento las joyas más valiosas de la familia a su amante, una mujer noble y casada. La reina María de Teck, hermana de Francisco y abuela de la actual soberana, solicitó entonces a la justicia que el testamento de su familiar fuera secreto para ahorrarse un escándalo. Y lo consiguió, instaurando un precedente al que se han aferrado los Windsor cada vez que ha muerto algún familiar, aunque este fuera lejano.
Durante este tiempo ha habido pocas explicaciones oficiales del poder judicial o del Gobierno británico sobre esta práctica. Documentos oficiales de los Archivos Nacionales británicos, relativos a gobiernos de los años setenta y ochenta, muestran que, en privado, altos funcionarios gubernamentales creían que mantener en secreto los testamentos de la familia real era una tradición legalmente cuestionable. A pesar de ello, en 1981 sugirieron a los ministros del gobierno de Margaret Thatcher que no destacaran este aspecto en el Parlamento mientras se debatía una ley clave en la Cámara de los Lores.
Felipe de Edimburgo no ha tenido escándalos públicos de calado durante su reinado, el más largo que haya tenido jamás un consorte en la familia real británica. Parece difícil pensar en amantes secretas y joyas de familia legadas con sigilo, pero el esconder su testamento del ojo público puede ahorrar a los Windsor más de una explicación. Hay otro aspecto, menor pero relevante, que sí ha trascendido. La privacidad no es la única excepción que afecta a los testamentos en Buckingham. Según la legislación británica, hay dos supuestos que permiten ahorrarse el impuesto de sucesiones y no pagar al tesoro público el 40% del montante: uno es cuando la herencia pasa de consorte a soberano, como en el caso de Felipe de Edimburgo a Isabel II. El otro es cuando pasa de soberano a soberano, lo que sucederá cuando la actual reina muera y su legado pase a manos de Carlos de Inglaterra, su primogénito. Probablemente sea lo único que conozca el público sobre su testamento.
