En Ecuador genera un fuerte revuelo el caso de un policía en servicio activo que presuntamente actúa al margen de la ley. Tras el asesinato de su hija a manos de criminales, el agente habría iniciado una persecución encubierta y sistemática contra miembros de bandas delictivas responsables de homicidios, extorsiones y violaciones.
Bajo el alias de El Justiciero, el uniformado opera de forma clandestina debido a la supuesta ineficacia del sistema de justicia tradicional. Los reportes presentados por el periodista Anderson Boscán le atribuyen la baja o desaparición de unas 200 personas vinculadas a delitos de extrema gravedad en diferentes zonas del país.
Este suceso desató un profundo debate social sobre la seguridad pública y la crisis institucional. Un sector de la población respalda las acciones del agente al considerarlo un protector necesario ante la impunidad de las mafias locales. Por otro lado, diversos juristas y defensores de derechos humanos advierten sobre el enorme riesgo de que un solo individuo ejerza las funciones de investigador, juez y ejecutor.
La polémica evidencia la preocupante falta de credibilidad que atraviesan los organismos de control del Estado. La ausencia de confianza ciudadana en los tribunales fomenta el apoyo popular hacia la justicia por mano propia. Sin embargo, analistas del sector penal señalan que estas prácticas anulan todas las garantías legales y aumentan la posibilidad de afectar a ciudadanos inocentes.Hasta el momento, todas las afirmaciones sobre el policía se basan en testimonios y filtraciones de prensa. Las autoridades competentes no han confirmado de manera oficial la identidad real del implicado ni la cifra exacta de fallecidos. La investigación formal continúa abierta.
