La ministra de Economía del Reino Unido, Rachel Reeves, ha anunciado una serie de medidas destinadas a sanear la economía británica, incluyendo recortes en las prestaciones sociales y reducción de personal en la función pública.
Entre las principales acciones se encuentra la reducción de 10.000 puestos de trabajo en la administración pública, con el objetivo de disminuir en un 15% los costes administrativos del gobierno antes del fin de la legislatura. Reeves argumenta que esta medida busca mejorar la eficiencia gubernamental sin necesidad de aumentar impuestos.
Además, se han anunciado recortes en las prestaciones sociales por un valor cercano a los 5.000 millones de libras. Estos ajustes afectarán a aproximadamente 3,2 millones de familias, que perderán en promedio 1.720 libras anuales. Particularmente, las personas que reciben el Pago de Independencia Personal (PIP) podrían ver reducciones de hasta 4.500 libras al año. Se estima que estas medidas podrían empujar a 250.000 personas, incluyendo 50.000 niños, a una situación de pobreza relativa.
El gobierno sostiene que estas reformas buscan incentivar la reincorporación al mercado laboral de personas en condiciones de trabajar, ofreciendo apoyos e incentivos para facilitar esta transición. Sin embargo, estas decisiones han generado críticas tanto dentro como fuera del Partido Laborista, con preocupaciones sobre el impacto en los sectores más vulnerables de la sociedad.
Estas políticas se implementan en un contexto de previsiones económicas desfavorables, con una reducción en las expectativas de crecimiento y un aumento del déficit público. El gobierno espera que, a medio plazo, estas medidas contribuyan a estabilizar la economía y permitan nuevas inversiones en áreas como la defensa y la vivienda.
