El gobierno británico busca transformar su sistema de asilo mediante una nueva ley de inmigración. Inspirada en el modelo de Canadá, la estrategia abrirá vías legales para los refugiados. De este modo, las autoridades esperan frenar los cruces clandestinos por el canal de la Mancha mediante alternativas oficiales seguras.
En primer lugar, la propuesta introduce tres canales de ingreso vinculados a la sociedad civil. Por un lado, grupos comunitarios y religiosos podrán financiar el asentamiento de familias vulnerables. Asimismo, las universidades británicas recibirán estudiantes bajo protección internacional a partir de 2027. Finalmente, el próximo año se autorizará a empresas locales a contratar refugiados para cubrir vacantes. Inicialmente, estas opciones funcionarán bajo cupos controlados.
Como contraparte, la ley endurece drásticamente las reglas de expulsión para ingresos no autorizados. Por ejemplo, se limitará el concepto de reunificación familiar. También se retirará la protección por explotación laboral a extranjeros con antecedentes penales o documentos falsos. Además, el estatuto de asilo ya no otorgará residencia permanente automática, sino un permiso temporal revisable cada dos años y medio.
Por ahora, la medida genera opiniones divididas en el país. Aunque las organizaciones civiles valoran las rutas institucionales, temen que el endurecimiento legal afecte a los más vulnerables. En cambio, las autoridades defienden el plan como un equilibrio necesario para ordenar la frontera sin cerrar las puertas a la ayuda internacional.
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