El alcalde de Londres, Sir Sadiq Khan, ha reafirmado su apoyo a la despenalización de la posesión de pequeñas cantidades de cannabis natural. Según él, las leyes actuales “no pueden justificarse” debido a sus efectos desproporcionados. Esta propuesta se basa, además, en un informe reciente de la Comisión de Drogas de Londres (LDC). Este organismo independiente fue creado por Khan en 2022 y está presidido por el ex Lord Canciller Charlie Falconer.
El informe recoge más de 200 aportaciones de expertos nacionales e internacionales. Asimismo, señala que la ley vigente clasifica el cannabis como droga de clase B. Por ello, las penas son excesivas y afectan especialmente a las comunidades étnicas minoritarias. En consecuencia, esta situación daña la confianza entre estas comunidades y la policía. Actualmente, la posesión puede conllevar hasta cinco años de prisión, mientras que la producción o distribución puede castigarse con hasta 14 años.

Por otro lado, la LDC propone trasladar el cannabis natural de la Ley de Uso Indebido de Drogas (MDA) a la Ley de Sustancias Psicoactivas (PSA). De este modo, la posesión para uso personal dejaría de ser un delito penal. Sin embargo, la droga seguiría siendo ilegal. Cabe destacar que el informe excluye el cannabis sintético, considerado más peligroso.
A diferencia de la legalización, que implica un mercado regulado y sin sanciones penales, la despenalización busca reducir el impacto penal sobre los consumidores. No obstante, no promueve la comercialización. Además, el informe recomienda fortalecer los servicios de salud para adictos, mejorar la educación sobre riesgos y enfocar la justicia en combatir el tráfico.
Por último, Khan destacó que el estudio ofrece “argumentos sólidos y basados en evidencia” que el Gobierno debería considerar. Sin embargo, el Ministerio del Interior rechazó la propuesta y afirmó que no planea cambiar la clasificación legal del cannabis.
Finalmente, el Partido Conservador también criticó la iniciativa, advirtiendo sobre riesgos para la salud mental y el orden público. Sus argumentos se basan en experiencias internacionales con modelos de legalización más amplios.


